Váyanse acostumbrando

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Por María Amparo Casar

Reconozco que las consecuencias económicas de la cancelación del aeropuerto de Texcoco son de enorme relevancia: la caída de 4.2% de la BMV, la paridad cambiaria ($20.3 por dólar), la baja en la calificación de riesgo crediticio, el costo directo de la cancelación que alcanza alrededor de 130 mil millones de pesos o la pérdida de empleos actuales y futuros.

A ello habría que agregar que las señales de certidumbre que se habían emitido desde el día en que AMLO ganó las elecciones y la confianza en la palabra presidencial quedaron sepultadas con esta decisión. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, se pregunta si AMLO les mintió abiertamente, porque en una reunión de la organización afirmó estar a favor de concluir el aeropuerto de Texcoco si era construido y operado con fondos privados. Sí, sí les mintió.

Aun así, me parecen más preocupantes las consecuencias políticas de la decisión. La conferencia de prensa ofrecida el lunes 29 de octubre rebosa en señales.

Primera. Tendremos a un Presidente que promete recurrir a consultas populares para decisiones con alto contenido técnico que deberían tomarse atendiendo a la opinión de expertos en la materia en lugar de convertirlas en un refrendo de la voluntad del presidente. La advertencia de que nos vayamos acostumbrando a su democracia participativa significa en el mejor de los casos que está dispuesto a escuchar a una parte de la sociedad —el 1.5% de votantes potenciales NO es el pueblo— y en el peor, a no asumir los costos de una responsabilidad que le corresponde.

Segunda. Se revisará la legislación de las consultas. La del aeropuerto no merece ni por asomo el nombre de “consulta popular”. La reglamentación de las consultas previstas en la Constitución puede revisarse y quitar ciertos candados, pero ¿cuáles? Hay algunos indispensables de preservar: la facultad de la Suprema Corte para verificar la constitucionalidad del tema y las preguntas, así como su inatacabilidad, el INE como responsable de la organización, los medios de impugnación, el porcentaje de participación para efectos de que sea vinculatoria.

Tercero. La opacidad será la marca de la casa. Nunca conocimos los supuestos estudios de la viabilidad de Santa Lucía. ¿No los hay? La consulta no fue ni universal, ni transparente, ni representativa ni democrática. El presidente electo confesó haberse reservado una información del gobierno francés sobre la viabilidad de Santa Lucía, pero ni todavía pasada su consulta la reveló y además el gobierno francés lo desmintió.

Cuarto. El simplismo de sus principios: “cuando hay democracia, no hay corrupción”, el pueblo es sabio”, “la decisión de los ciudadanos es racional, democrática y eficaz”, “son el pueblo, los ciudadanos los que mandan”, “la consulta es un ejemplo de democracia”.

Quinto. El desconocimiento de la ley o la disposición a pasar por encima de ella. Resulta contradictorio decir que el proyecto de Texcoco está lleno de corrupción y, al mismo tiempo, afirmar que esos mismos inversionistas no deben preocuparse porque se les respetarán sus contratos en Santa Lucía. Además, es ilegal. Los contratos vigentes no pueden ser traspasados de locación por orden presidencial todavía con el acuerdo de los empresarios. Tienen que darse por terminados para después licitarse de nuevo. Claro, salvo que en el Congreso de la Unión se apruebe una “ley compadre”, como la de Tabasco, para poder “contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública cuando sean necesarias para proyectos estratégicos que detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico del estado”.

Sexto y, en mi opinión, lo más importante. La decisión sobre el aeropuerto es el testimonio primordial de lo que será la Cuarta Transformación: acabar con un Estado que no ha sido más que “el comité ejecutivo de la burguesía”. Lo dijo clara y repetidamente. “Imagínense, al Estado mexicano, un Estado democrático de derecho, porque a esto aspiramos, supeditado a mercados financieros, ¿quién manda? ¿no es el pueblo? ¿no es eso la democracia? ese es el cambio”.

Desde luego que no son los empresarios los que deben mandar, ni tampoco los mercados internacionales. Desde luego que los “contratistas voraces” deben pasar a la historia. Desde luego que es de aplaudir que se acabe la corrupción y que “ya no se van a privilegiar intereses personales o de grupo”. Bienvenida la frontera entre el poder económico y el político. Pero no se nos olvide: no hay sociedad próspera con las élites económica y política confrontadas.

López Obrador señaló que hay sectores que no ven con buenos ojos el proceso con el que se llegó a esta decisión porque están acostumbrados a otro tipo de gobierno y les advirtió a los empresarios y contratistas corruptos “que se vayan acostumbrando y hagan un ejercicio de adaptación”.

Bienvenido el Estado democrático de derecho, pero por favor que no nos quieran engañar: un gobierno basado en consultas como la del aeropuerto no tiene nada de Estado de derecho ni de Estado democrático.

No sé si la decisión del aeropuerto definirá el destino económico del país, pero quizá sí defina su destino político. No nos vayamos a acostumbrar.

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