Las limitaciones de los gobiernos municipales

Juan J. Sánchez Meza, Recientes No hay comentarios en Las limitaciones de los gobiernos municipales 25

En un evento reciente, presentado bajo la ilusoria convocatoria a una conversación sobre Hermosillo, concurrieron cinco ex alcaldes de Hermosillo: Francisco Búrquez (2000-2003); Dolores del Río (2003-2006); Ernesto Gándara (2006-2009); Javier Gándara (2009-2012) y Alejandro López Caballero (2012-2015). Cada uno de ellos se refirió libremente a lo que, a su juicio, fueron los rasgos que distinguieron a su administración, así como las dificultades y limitaciones en que aquella transcurrió, abundando así los elogios a la tarea realizada mediante la enumeración de obras materiales y sociales.

No hubo un punto de partida que a los asistentes nos hubiera permitido conocer, grosso modo, las condiciones de inicio y conclusión de la gestión de cada uno de ellos, por lo menos en alguno de los rubros más sensibles de la gestión municipal, tales como cobertura de los servicios de agua potable, alumbrado público, disposición final de residuos, eficacia en el cobro de impuesto predial, superficie de calles pavimentadas, seguridad pública, deuda, etc., etc.

En ese sentido, la experiencia resultó tan novedosa como anodina y, en todo caso, lo ahí tratado reveló, a mi juicio, algo que tal vez no haya estado en el ánimo de los organizadores y, quizá, ni de los propios ex alcaldes. Me refiero al abismo existente entre el cúmulo de tareas que está obligado a acometer el municipio en México, a partir del marco constitucional y legal que rige su actuación y la enorme debilidad institucional que tiene este orden de gobierno para acometer tales tareas.

No conozco el caso de alguna Constitución que, como la nuestra, incluya disposiciones relativas a los servicios públicos municipales, como el del alumbrado público o la recolección de basura y que a mi juicio se explican por la inclinación de un régimen político deseoso de hacer perdurable su voluntad, dificultando el que algún régimen futuro modifique esa voluntad.

El marco constitucional y legal mexicano contempla decenas de obligaciones del orden de gobierno municipal, tan disímbolas entre sí como la educación, la salud, el medio ambiente, el alumbrado público, el saneamiento de las aguas residuales, el de seguridad pública, asentamientos humanos, mejora regulatoria, justicia cívica, turismo, protección civil, panteones, rastro, pesca y acuacultura y un largo etcétera que, por igual, están obligados a observar el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con un PIB por habitante superior a los 25 mil dólares, así como el municipio de Santos Reyes Yocuma, Oaxaca, en el que el 99 por ciento de sus habitantes están comprendidos en la categoría de pobres, de acuerdo con las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.

Esta realidad se enfrenta a la visión romántica y profundamente demagojizable del discurso municipalista que nos lo presenta como el orden de gobierno más cercano a la gente, cuyos funcionarios son cotidianamente observados por ciudadanos que, además, son sus vecinos, y por la otra la realidad del gobierno municipal, donde priva la mayor improvisación en las tareas a su cargo, producto del amiguismo, la constante renovación-desplazamiento de los cuadros directivos de prácticamente todos los niveles de dirección, aún de aquellas que exigen las mayores capacidades técnicas, amén de la brevedad del ejercicio constitucional, así como una serie de acotamientos, como lo es su escala que, en la práctica, les impide una administración moderna, profesional y con capacidad de manejo institucional.

El constitucionalista Miguel Carbonell se preguntaba no hace mucho tiempo si acaso no estábamos realizando un ejercicio de ficción al pensar que todos los municipios tienen la capacidad suficiente para llevar a cabo las mismas funciones y proveer los mismos servicios.

Al respecto, resultaría más pertinente avanzar hacia un esquema de distribución de facultades asimétrico, que permita prestar servicios públicos esenciales con un mínimo de homogenidad, que hoy día es inexistente y que condena a una parte de la población a recibir servicios públicos deficientes.

A mi juicio, esa distribución asimétrica de facultades debiera comprender la injerencia obligada de los gobiernos estatales, en sustitución de los municipales y si bien la reforma municipalista de 1999 contempló una serie de mecanismos que abrirían la injerencia de los gobiernos estatales en las materia reservadas a los municipios por el Artículo 115 constitucional, éstas están sujetas en última instancia a la iniciativa que en ese sentido adopte el propio gobierno municipal y, excepcionalmente, las legislaturas locales, lo que llevaría fatalmente el asunto al campo político.

La reunión de los alcaldes a que me referí en el primer párrafo debiera alertarnos sobre el hecho de que a pesar de que el objeto de la discusión que ahí tuvo lugar, si acaso así se le puede llamar, reflejó las enormes debilidades de la administración municipal no de cualquier municipio, sino el que comprende la capital del estado de Sonora, es decir, el de los mayores recursos y -es de suponerse- las mayores capacidades.

Ninguno de los ex alcaldes ahí presentes, ni siquiera los que cubrieron el período 2000-2006, que comprende precisamente los años de las mayores deficiencias en el suministro del servicio de agua potable, reconoció la incapacidad material de su administración para prestar ese servicio indispensable que, por razones muy valederas, pero que exceden el interés de este comentario, estuvo a lo largo de muchos años a cargo del gobierno del estado. Fue precisamente la administración a cargo del Ing. Búrquez (2000-2003) la que demandó la transferencia de esa responsabilidad del estado al municipio, haciendo valer precisamente el discurso, tan romántico como ineficaz, de los atributos del gobierno municipal, así como, sin lugar a dudas, el carácter categórico de la reforma constitucional de 1999.

Muchos años después habría de demostrarse que, más allá de las irregularidades, ilegalidades y atropellos en que incurrió el gobierno del estado en la instrumentación del proyecto del acueducto independencia, fue necesaria la injerencia de ese rango de decisión para emprender el proyecto.

 

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