Una reforma para transformar al país

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Por Ernesto Gándara Camou

La evolución del sector energético es fundamental para fortalecer los niveles de productividad y competitividad de nuestro país ya que, independientemente de las diversas posturas que puedan asumirse al respecto, existe consenso en el apremio de fortalecer el régimen legal e institucional que rige el aprovechamiento de los recursos energéticos de la nación.

Nos encontramos en un momento coyuntural en el que los países con mejores resultados han transitado hacia la aplicación de nuevos esquemas productivos, que implican compartir inversión, tecnología de punta y experiencia, a fin de maximizar los beneficios de sus recursos y satisfacer la demanda del sector. En dicho contexto, la industria energética mexicana ha ido observando el debilitamiento de sus niveles de producción y requiere generar condiciones para hacer frente a los retos globales del mercado.

Como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), las reservas probadas de México cayeron 41% en la última década, y al día de hoy se importa 20% de los petrolíferos. No podemos soslayar que de ocupar el quinto lugar en la producción de crudo y el doceavo en reservas probadas a nivel internacional en el año 2000, doce años más tarde nuestro país ocupa los lugares siete y 17, respectivamente.

La misma tendencia se presenta en el sector eléctrico: el margen de reserva de la capacidad de generación de este recurso es del 24%, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere que se mantenga en un mínimo de 27%, además de que las tarifas eléctricas industriales cuestan 180 dólares por megawatt-hora, en tanto el promedio de los países integrantes de la OCDE es de alrededor de 141 dólares, conforme a lo que señala el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).

La reforma a la legislación secundaria que se analiza y discute en estos momentos en el Senado de la República, tiene como objetivo transformar este escenario, de forma tal que se logre la generación de la inversión adicional necesaria para dinamizar el sector, crear fuentes de empleo y propiciar beneficios económicos para los consumidores, al tiempo de ser palanca de desarrollo para el país.

Durante todo el proceso del proyecto se ha contado con la participación de académicos, industriales, ambientalistas, expertos y representantes de la sociedad civil, además de las valiosas aportaciones de los legisladores, que brindan la pluralidad indispensable para una de las reformas más importantes de las últimas décadas en nuestro país.

La reforma ha reforzado el principio fundamental asentado en nuestra Constitución, de asegurar la soberanía energética del país, mediante el mantenimiento de la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos. Establece los límites y condiciones de la participación privada, y plantea la implementación de un esquema flexible de contraprestaciones y contratos en beneficio del Estado mexicano.

Al mismo tiempo, se busca fortalecer a Pemex y a la CFE, otorgándoles mayor flexibilidad como empresas productivas del Estado, con la intención de dotarlas de una estructura sustentada en las mejoras prácticas internacionales de gobierno, que facilite la toma de decisiones y aumente su capacidad productiva, para mejorar su rentabilidad, a través de una mayor eficiencia.

A su vez, se reconoce la labor fundamental de los trabajadores de dichas empresas, en cuanto a su experiencia y conocimientos, con cabal respeto a sus derechos.

Se ha dicho en diversas oportunidades que entre los principales objetivos de la reforma, se encuentra garantizar el abasto de petróleo y gas, y potenciar el desarrollo del país.

El mayor abasto de gas natural permitirá reducir los costos de la generación de energía eléctrica, ya que será entre cuatro y seis veces más barata que el combustóleo y diésel, actualmente usados.

Se espera que durante los dos años posteriores a la entrada en vigor de estas reformas, se den reducciones importantes en las facturas de la luz y el gas, en beneficio de las familias mexicanas.

Finalmente, debemos mencionar que se establece una liberación gradual del precio al público de los combustibles, contemplando la posibilidad de estipular precios máximos, para evitar variaciones abruptas, en tanto se generan mejores condiciones de competencia.

Participamos de un cambio histórico, para que todos los mexicanos perciban en su vida cotidiana los beneficios de la producción energética nacional, y las diversas iniciativas planteadas en la reforma a la legislación secundaria del sector respaldan este objetivo.

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