Tlahuelilpan y el poder de los símbolos

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Por Liébano Sáenz

“La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”: Platón

El símbolo no es lo que es, sino lo que representa. La encuesta reciente de GCE sobre la tragedia de Tlahuelilpan revela dos datos aparentemente contradictorios: por un lado, una elevadísima opinión positiva del presidente López Obrador y, por el otro, un franco desacuerdo con la narrativa oficial construida en torno al siniestro. La mayoría asume que los afectados por la explosión son responsables, no víctimas, que no debe haber ayuda económica a los familiares de las personas fallecidas y que el Estado debe fincar responsabilidad legal a los sobrevivientes.
La discordia que arroja el estudio de opinión remite al poder simbólico del Presidente. Lo aparente o coyuntural no es fundamental, sino accesorio, por eso no cobra impacto en la opinión. Lo relevante es un aspecto en el que hay una sólida conexión y empatía entre lo que el Presidente representa y lo que aspiran los receptores de la imagen presidencial: la lucha contra la impunidad.
Efectivamente, el presidente López Obrador es un símbolo antagónico contra lo que es el principal significante de los mexicanos frente a sus dificultades personales, las de su familia y las del país: la impunidad. El agravio de una justicia inexistente o al servicio de intereses afecta por igual a jóvenes y viejos; mujeres y hombres; ricos o pobres; ilustrados o iletrados; del norte, centro y sur. El problema del régimen anterior fue la percepción de que la impunidad era la marca del poder, su razón de existencia. El agravio es profundo, incluso mucho más de lo que se puede entender racionalmente.
Por ello, abatir la impunidad fue el mandato de las urnas. Un hombre honesto, comprometido y con entendimiento, como fue el candidato José Antonio Meade, fue percibido como lo contrario. En su campaña no pudo constituirse como lo que era porque los símbolos que le acompañaban y su postura prudente conspiraron contra sí mismo. La embestida contra Ricardo Anaya por supuestos de corrupción, redujeron drásticamente su capacidad para competir.
López Obrador ganó la elección por lo que es y por lo que representa, y lo que vemos en estas semanas es la confirmación de que el Presidente entiende que el símbolo compromete y obliga a ser consecuente. Así ha sido en decisiones muy cuestionables y comprometidas desde una perspectiva convencional, como fue cancelar el aeropuerto de Texcoco o revertir la reforma educativa. En la medida de que su motivación pública sea la lucha contra la corrupción, todo será aceptado y aplaudido. Eso ocurre con la acción gubernamental contra el robo de combustible. Por eso es sorpresivo para muchos que el Presidente tenga números de aceptación tan elevados (9 de cada 10) a pesar de que la medida haya afectado el abasto de gasolinas y, que haya dado lugar a una tragedia como fue la muerte de un centenar de personas en Tlahuelilpan.
Los mexicanos en los datos de la encuesta de GCE, enjuician con severidad y quizás con exceso, a los mismos pobladores afectados por el siniestro. Desde la perspectiva de la opinión pública, los pobladores por buscar un beneficio indebido e ilegal sufrieron las consecuencias de lo que los otros, los huachicoleros, provocaron. Los soldados allí, dice la encuesta, son inocentes, hicieron lo que se podía.
La lucha contra la impunidad implica, necesariamente, acciones legales contra los responsables. Para fundar su embestida contra el robo de gasolina, el presidente López Obrador hizo señalamientos muy graves y serios respecto a la jerarquía gubernamental, de Pemex y de la cadena de distribución de las gasolinas. La población le dio la razón, por lo que es de esperarse que haya acción ejemplar consecuente al señalamiento. Sin una actuación a la altura de lo denunciado, el Presidente y su gobierno sufrirían una merma en la opinión pública. La fortaleza del Presidente pende no solo de la acción para combatir el robo de combustible, sino en el trabajo para llevar a la justicia a los responsables, en particular a los peces gordos de este género criminal. Abatir la impunidad es, obligadamente, una acción de justicia formal, no de denuncia moral.
Los símbolos son poderosos. El Presidente por intuición o por experiencia lo entiende. La cuestión es que esto compromete a ser consecuente y a dar resultados. El aval generalizado, amplio y generoso de la población hacia el gobierno alcanza estos niveles porque la gente identifica que el principal compromiso del tabasqueño es contra la impunidad. Esto entraña, necesariamente, un desenlace que no requiere revisión o adjetivación. El gobierno federal debe preocuparse de que la tragedia de hace unos días no se convierta en el momento que marque el inicio de las diferencias, esas que minimizadas por la soberbia o por el simple desdén se profundizan y terminan marcando distancias con la sociedad.
Tlahuelilpan obliga a revisar el discurso de legalidad para reafirmar el símbolo relevante del sexenio, que no es otro que el propio López Obrador.
@liebano

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