Que no quede nada

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Por Macario Schettino

Todo indica que la peregrina idea de la revocación de mandato será introducida en la Constitución dentro de poco. El dictamen ha sido aprobado en el Senado. En la Cámara de Diputados no debe tener dificultad, porque la coalición de AMLO tiene más de dos terceras partes de los votos. El siguiente paso, la aprobación en al menos 17 Congresos locales, también puede darse por sentado, ya que Morena y adláteres controlan veinte de ellos. Si alguien quisiera presentar alguna acción de inconstitucionalidad, la Corte no le dará entrada, con los votos que controla AMLO.

Más claro: lo único que evita una modificación constitucional es un puñado de senadores, que en esta ocasión han decidido apoyar la idea del Presidente, a cambio de algunos detalles que, eso piensan, reducen el daño de la medida. Por ejemplo, la revocación no será coincidente con la elección intermedia, se requerirá un número de firmas equivalente al 3% del padrón electoral, y no podrá ser convocada por el Presidente, sino por ciudadanos.

Esta columna no coincide con los senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que han externado su apoyo al dictamen. Dos razones. La primera tiene que ver con un principio elemental: la Constitución no puede modificarse para quienes hoy están en el poder. Si, por ejemplo, el Senado decide reducir el número de sus integrantes, modificar la forma en que deben ser elegidos, permitir la reelección, o lo que sea, debe hacerlo para la Cámara siguiente y no para la actual. Si se quiere introducir la figura de revocación, debería aplicarse al siguiente Presidente y no al actual. Cambiar reglas de algo que ya fue decidido no permite certeza jurídica. Si los mexicanos votaron por López Obrador, lo hicieron para un periodo que termina el 1 de octubre de 2024.

La segunda razón es de carácter estructural. Los regímenes presidenciales no son de fecha móvil. Si eso se quiere, se puede considerar transformar al actual en un régimen parlamentario, en el que el poder se mantiene mientras se cuenta con una coalición de mayoría. En ese tipo de régimen, lo que es estable es la mayoría, no la fecha. En el presidencial es al revés.

Entiendo que sólo tres países cuentan con un mecanismo de este tipo: Bolivia, Ecuador y Venezuela. Ninguno, me parece, es una referencia de gobernanza, estabilidad política e incluso democracia. Existen mecanismos de revocación para gobiernos locales en otros países, pero no para el gobierno nacional (federal).

Si un presidente corre el riesgo de ser removido al tercer año de su gobierno, éste se convierte en el periodo real. Es decir que lo que está haciendo el Senado es reducir el periodo presidencial a tres años, con lo que será el más breve del mundo. Me atrevo a pensar que será muy difícil construir un gobierno exitoso con ese horizonte de planeación. Si de por sí tenemos dificultades con el cortoplacismo de nuestros gobiernos, imagine ahora un presidente concentrado en su popularidad para evitar ser defenestrado. Sume a esta medida los destrozos que causa la Ley de Austeridad, que comentamos la semana pasada. El Congreso está asegurando, con fuerza de ley, la parálisis e incapacidad de la administración pública. No sólo para este gobierno, sino para los que sigan.

No alcanzo a encontrar ningún beneficio en la revocación, y sí los dos problemas mencionados. Tal vez en la lógica del populismo, o democracia iliberal como ahora le dicen, sea una gran idea. La demolición de la democracia liberal en México avanza. Y con acompañamiento diverso.

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