Prioridades políticas

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Por María Amparo Casar

Declaraciones y discursos aparte, cuando inicia un gobierno, son dos los documentos centrales que hay que revisar para conocer las prioridades del gobierno: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), porque plasma la forma en que el gobierno organizará sus principales tareas y desde dónde piensa operarlas, y el Presupuesto, que determina de dónde vendrán y a dónde irán los recursos públicos.

La organización de la administración pública no suele ser objetada pues se entiende que cada presidente busca optimizar o hacer compatible su programa de gobierno con la ejecución del mismo. Dentro de ciertos límites, se espera que el presidente en turno tenga la libertad de hacerlo como mejor le parezca. Para algunos actores estos límites han sido traspasados.
La nueva LOAPF ha causado preocupación y ya ha sido objeto de una controversia constitucional por la creación de la figura de superdelegados, que “tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades”. O sea, casi todo. También ha sido polémica, y podría provocar una acción de inconstitucionalidad, la inclusión de comisiones presidenciales con facultades de investigación y fiscalización porque, según el artículo 21, la investigación de delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías y, según el 79, toca a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de los recursos públicos.

Lo que es innegable es que la LOAPF reordena las prioridades de cada secretaría y apunta a una concentración del poder en la oficina de la Presidencia. Dos ejemplos de lo anterior: la comunicación social, cuyo presupuesto se incrementó en 53% respecto a lo presupuestado en 2018, será controlada formal y realmente desde la presidencia y se eliminan las oficialías mayores de todas las dependencias públicas, incluidos los órganos constitucionalmente autónomos y sus funciones se concentran en la Secretaría de Hacienda.

Hay que recordar que desde hace muchos años la izquierda –incluido López Obrador- peleó por limitar el hiperpresidencialismo, el centralismo y la concentración de poder. Está claro que las convicciones cambian radicalmente según se esté en el poder o en la oposición.

Más importante aún es el presupuesto. El proyecto enviado por el Ejecutivo cumple cabalmente con la promesa de mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, aunque el crecimiento seguirá siendo tan mediocre como en el pasado. Dentro de las restricciones que imponen los ingresos, el destino de los recursos públicos refleja las prioridades de un gobierno. Las tres principales ofertas de AMLO fueron el combate a la desigualdad, a la inseguridad y a la corrupción e impunidad.

Está más que claro que la desigualdad es una prioridad. No sólo es que el presupuesto de la secretaría de Bienestar Social haya aumentado 41%, sino que en otras secretarías se sitúan programas sociales importantes e intensivos en recursos como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que costará 44 mil millones de pesos. Haciendo un cálculo grueso, se destinarán más de 224 mil millones de pesos a los programas sociales prioritarios del nuevo gobierno.
No puede decirse lo mismo en materia de inseguridad. En el proyecto de presupuesto todavía no aparece la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Guardia Nacional. Lo que sabemos hasta el momento, a juzgar por el presupuesto, es que la apuesta de AMLO es por el ejército y no por la policía. La Sedena es una de las pocas secretarías que aumentará sus recursos, lo hace en 11.3%, mientras que la Policía Federal (aún presupuestada dentro de Gobernación) pasará de tener 29 mil millones de pesos a 26 mil (una reducción de 10%) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) también se estrecha, aunque no de manera significativa (1%).
La otra bandera –determinante en el resultado electoral- fue la de la corrupción y la impunidad. No hay buenas noticias. El Sistema Nacional Anticorrupción, compuesto por seis instituciones (Función Pública, ASF, Tribunal de Justicia Administrativa, Consejo de la Judicatura, INAI, PGR) y una Secretaría Ejecutiva, sufre recortes que, en promedio, alcanzan el 10%. Ni la ASF se salva porque, a pesar de tener un incremento de 74 millones de pesos, por el efecto de la inflación tendrá 0.5% menos presupuesto en términos reales.
Lo mismo puede decirse del sistema de procuración, administración e impartición de justicia. Para la que será la nueva Fiscalía no sólo no se prevén recursos para la impostergable tarea de formar ministerios públicos, policía de investigación y peritos, sino que disminuye su presupuesto en 9.1%. Para el Poder Judicial hay una disminución de 11.8%.

La cantidad de recursos destinados a una función específica no es necesariamente un buen indicador de eficiencia. En nuestro país llevamos ya muchos gobiernos aumentando presupuestos en seguridad, educación, salud, pobreza, corrupción y justicia y los índices en estas materias no mejoran o incluso empeoran. Posiblemente, no acabamos de entender que no hay que gastar más, sino gastar mejor.

No está claro que esto vaya a cambiar. Lo que podemos evaluar preliminarmente es que dar dinero a la gente es lo que más le importa a López Obrador y que esta apuesta tiene sentido política y electoralmente. Veremos si también lo tiene económicamente porque al país le hace falta crecer y el presupuesto no parece apuntar en esa dirección.

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