Poderes en los estados

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Por Liébano Sáenz

Siempre ha sido problemática la decisión del centro sobre los estados cuando tiene que ver con el reemplazo del Ejecutivo. El Senado por simple mayoría tiene la atribución de declarar la desaparición de poderes en una entidad, pero no es una decisión arbitraria o discrecional, tiene que haber circunstancias objetivas de manera tal que la declaración de la Cámara alta sirve para formalizar una situación que ya ocurrió en los hechos. La relación del centro con una entidad se da en condiciones de desigualdad y eso ha propiciado que los estados se sometan o pierdan respecto al centro, en especial sus ejecutivos. 
En fechas recientes, el senador de Veracruz del PAN, Julen Rementería, decidió presentar a la Cámara la solicitud de declaración de desaparición de poderes a raíz de la remoción por la diputación permanente del fiscal general del Estado Jorge Winckler. Fue una decisión jurídica y políticamente equivocada. Jurídicamente, porque el Senado no tiene la facultad de remover a gobernador alguno en función de una falta como esa; políticamente porque el PAN no tiene mayoría a manera de que una iniciativa, de por sí de legalidad discutible, pudiera ser resuelta favorablemente por el pleno. 
La fracción morenista replicó y amplió el error al pronunciarse por la remoción de los gobernadores de Tamaulipas y Guanajuato, en su sentir, por la inseguridad que existe en sus respectivos estados. Insisto, el Senado no tiene facultades punitivas o de sanción. Los gobernadores son funcionarios electos y solo pueden ser removidos por los casos previstos en la Constitución general de la República y en las de los estados. Además, el Senado, por tradición, es la expresión federalista legislativa, aunque ya se haya cambiado el criterio de la representación igualitaria de las entidades de la Federación. 
Es lamentable que en las circunstancias del país el Senado no entienda los términos de su responsabilidad con relación a los poderes de los estados. La situación llama al fortalecimiento, no a su cuestionamiento. Los problemas que encaran los gobiernos locales derivan de dos aspectos: por una parte, la debilidad financiera de estados y municipios y, por la otra, el embate que muchos enfrentan por parte del crimen organizado, valga decir, tema de competencia del gobierno federal. Este momento es para que el Senado se ocupara de que los gobiernos locales tengan un mejor trato por la Federación y hacer todo lo que esté a su alcance para que la política de seguridad nacional atienda con sensibilidad y eficacia los problemas que enfrentan las entidades. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han dejado en claro su postura y, con acierto, se han pronunciado porque no prosperen ninguna de las acciones que impliquen la declaración del Senado de la desaparición de poderes. 
La secretaria de Gobernación tiene razón al destacar que la declaratoria de la desaparición de poderes no es un medio para la remoción del gobernador, sino que afecta a la totalidad de los poderes locales, esto es, incluye al Legislativo y al Judicial de la entidad. Situación que llama para que la Federación asuma una responsabilidad mayor a fin de no dejar vacíos de autoridad. Además, la situación se complica porque el gobernador sustituto debe ser electo por una mayoría calificada; Morena tiene los votos suficientes para la declaratoria de desaparición de poderes, pero no así para la designación del sustituto, lo que colocaría al estado en una situación de crisis extrema por la falta de consenso en la designación. 
Los nuevos momentos del país obligan a todos los poderes públicos, a los partidos políticos y a los actores relevantes de la economía y la sociedad a revisar los términos de su desempeño. Hay una nueva realidad que hay que reconocer. Hoy más que siempre es necesario asumirse con una actitud de responsabilidad colectiva, esto es, pensar mucho más en el país y el interés general, que en los proyectos de grupo o individuales. El Senado es un órgano que por excelencia le corresponden los temas de Estado, así como ratificaciones y designaciones de relevancia para el país. Asimismo, en la arquitectura institucional se acredita como un órgano de moderación del quehacer legislativo. 
El cambio en el país es profundo y trascendente. Su externalidad que se manifiesta en lo visible de la política no es la causa, sino la consecuencia. Por ello hay un amplio consenso en el desempeño del presidente López Obrador. La sociedad mexicana continúa ávida de respuestas que lo convencional ya no ofrece. Precisamente por esta consideración hay que tener visión y sentido de horizonte, para así aportar al cambio prácticas políticas e instituciones consecuentes con la aspiración de los mexicanos. El oportunismo político o partidario debe mantenerse en el estrecho espacio que en esta circunstancia le corresponde. Es momento de actuar con responsabilidad y para ello el ejemplo debe ser el desempeño del Senado de la República.  
@liebano

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