Poder y no poder

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Por Luis F. Aguilar

Podemos dar seguimiento a la política por dos caminos. Prestar atención a los oleajes noticiosos que desatan los personajes y grupos políticos con sus declaraciones y conductas, o tratar de intuir las corrientes de fondo que mueven las olas de los sucesos y los hacen reventar ruidosamente día a día. Nuestra propensión por una perspectiva en vez de la otra depende de las expectativas que tenemos sobre la política, de nuestras preferencias valorativas sobre la vida personal y asociada o de nuestros intereses. Es lógico entonces que algunos ciudadanos gusten de tomar nota de los hechos, declaraciones, contradicciones, metidas de pata, pleitos, ambiciones, avaricias y escándalos de los personajes políticos y los funcionarios, mientras otros no se sienten atraídos ni emocionados por los sucesos políticos del momento que consideran son síntomas de procesos políticos de fondo, del modo como está distribuido y se ejerce el poder político.

La llamada opinión pública sigue la misma dualidad. Hay opiniones más periodísticas, más involucradas en la coyuntura, y opiniones públicas más generales, que buscan explorar la trama de las relaciones de poder que la política cotidiana cambiante y varia deja traslucir. Tenemos entonces comentarios sobre el apresuramiento de la reforma político-electoral y el retraso de la energética y de las telecomunicaciones, sobre el ajuste a la baja de los pronósticos entusiastas de crecimiento económico, las elecciones del PAN, los enfrentamientos en Ameyalco, la desaparición del personaje subcomandante Marcos, la inseguridad patológica de Tamaulipas, el progresivo rescate de Michoacán… Pero por debajo de estos hechos fluyen las corrientes del poder que nos muestran entre otras cosas lo que el poder puede y lo que el poder no puede, aunque lo quiera e insista.

El poder político no es todo en la sociedad, no puede todo y en muchas ocasiones es contraproducente. Es sabida la limitación del poder, pero nos cuesta aceptarla, tal vez porque continuamos a creer que la sociedad buena y como debe ser requiere del poder político que es capaz de crear el orden total y la prosperidad total. Seguimos considerando al Estado, al gobierno o a la clase política como el salvavidas universal. Sin embargo, hay campos de acción social en los que el poder político “la hace” y campos en los que simplemente “no la hace”, pues sus instrumentos son insuficientes o impertinentes. Un ejemplo de éxito del poder político es el reordenamiento de Michoacán y otro no exitoso es el estancamiento o la ralentización económica actual, a pesar de reformas fiscales, financieras y gasto público.

El poder político es un instrumento para realizar los objetivos necesarios y los preferidos de la vida asociada. Hay un campo de acción en el que el Estado puede imponerse sobre la sociedad y puede con sus leyes y órdenes doblegar la voluntad de los socios, obligarlos a obedecer, amedrentarlos. Es el ámbito en el que los instrumentos coactivos del poder pueden doblegar la transgresión y controlar las tendencias antisociales de ciertos socios nefastos. Es el campo de la garantía de los derechos humanos, políticos y civiles, en el que la imposición y el mando son competentes, logran sus fines, “la hacen”. Es natural que el poder político sea eficaz en el terreno para el cual se creó y que consiste en asegurar el orden social.

Las cosas cambian en el campo de la economía, que tiene otra estructura de acción, otra intencionalidad. El poder puede proteger contra los atropellos de derechos en las transacciones y crear condiciones que faciliten los negocios, pero no es el instrumento decisivo y apropiado para generar riqueza y ampliar el nivel del bienestar de las personas (generar empleo incluido), no obstante que nadie en sus cinco sentidos piense en una economía desregulada. El Estado, los actores del poder político pueden imponer leyes, impuestos, reglamentos y requisitos a los actores económicos, imponerles su voluntad, obligarlos, y tal vez esas leyes (las antimonopolio, por ejemplo) pueden facilitar en principio transacciones económicas más beneficiosas, pero la imposición del gobierno sobre el empresario o el trabajador poco o nada tiene que ver para incentivar o asegurar la inversión, el ahorro, la producción, el consumo, cuya norma es la racionalidad del costo-beneficio. El poder político y la imposición fiscal no pueden forzar la invención, la innovación, la eficiencia, la ventaja competitiva, la creación de valor. Hay otro modo de gobernar, que implica consensos, acuerdos, asociaciones.

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