“No voy a reprimir al pueblo”

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Por Luis Carlos Ugalde

Los conflictos sociales y el crimen se han convertido en obstáculos mayores para la inversión y la productividad de la economía: bloqueos de carreteras, protestas para detener la construcción de proyectos de infraestructura, robo de trenes y de combustibles, consultas populares para revertir proyectos de inversión, extorsión, entre otros. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene desde hace 14 días un bloqueo en siete puntos de las vías de tren que parten del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, generando pérdidas millonarias cada día y afectando la cadena de suministro de múltiples industrias.

El magisterio disidente apoyó la candidatura de López Obrador, este les concedió revertir la reforma educativa y, no obstante, lo quieren extorsionar. Le exigen al gobierno del estado el pago de múltiples adeudos que, según ellos, sumarían hasta cinco mil millones de pesos. Quieren además dos mil plazas y otras prebendas. Más de lo mismo.

La historia no es nueva: los maestros disidentes viven de la movilización y el bloqueo. Uno esperaría que López Obrador lograse más orden para prevenir la secuela de la protesta social como método de extorsión. Un argumento de la disidencia por décadas ha sido el de la injusticia y opresión: pero López Obrador representa justamente la lucha en contra de ese mundo de desigualdad, de tal forma que cuenta con mayor legitimidad para hacer que se cumpla la ley, simple y llanamente.

Pero no será así, porque en opinión del Presidente aplicarla sería reprimir. Cuestionado sobre la situación en Michoacán y la CNTE, el Presidente dijo ayer que ellos “tienen que entender que son otros tiempos, nosotros no estamos en contra del pueblo ni somos represores (…) no vamos a caer en ninguna provocación. Si son fines políticos no vamos nosotros a ceder ni a reprimir, cada quien se va a hacer responsable de sus actos”.

La respuesta retrata la concepción de López Obrador respecto al uso legítimo de la fuerza para cumplir con la ley. Mejor usar la opinión pública para someter a quienes bloquean vías públicas. “Yo sé mucho de esto”, dijo AMLO, y refirió que si los maestros no desalojan de forma pacífica, la opinión pública los sancionará. El problema es que ayer la Sección 22 de Oaxaca ya se activó en apoyo a sus pares de Michoacán, y si el Presidente mantiene la postura de que la opinión pública juzgará, nuevamente los bloqueos y la extorsión serán la moneda de cambio.

Aplicar la ley significa respetar la vida de terceros –algo que tanto pregonaba Benito Juárez a quien AMLO admira– y si tienes legitimidad tal acción es parte de tu obligación. Si se aplica la ley correctamente con protocolos del uso de la fuerza, es parte de un gobierno democrático hacerlo en beneficio de las comunidades, el empleo y la actividad económica.

Durante las últimas décadas los gobiernos mexicanos –por falta de legitimidad política, o quizá por el síndrome de culpa del 68– se negaron sistemáticamente a cumplir su obligación de aplicar la ley: hacerlo tenía un elevadísimo costo político y cualquier intento de usarla para desbloquear calles o plazas era interpretado como represión por sus opositores.

Dice la secretaria de Gobernación que habrá diálogo y más diálogo. Pero el empleo, la actividad empresarial, el transporte de alimentos y de combustibles requiere oportunidad. La CNTE tiene tiempo: le sobra de hecho y es uno de sus métodos de presión. Si el presidente López Obrador cede ahora porque el magisterio disidente es bueno y sabio, mantendrá el mismo esquema clientelista del pasado. Más de lo mismo. Un fracaso de la 4T. Ojalá no sea así.

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