Legalidad y justicia

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Por Luis Carlos Ugalde

Ha sido la declaración de López Obrador como Presidente que más desafía el orden democrático. Dijo la semana pasada –palabras más, palabras menos– que cuando estén en contraposición, la justicia es más importante que la legalidad y debe ser la guía de la conducta de las personas.

La aseveración es una invitación para que cada persona cumpla las leyes que considera justas y deseche el resto. En México tenemos un problema grave de cultura de la legalidad que se exacerbará si el jefe de Estado piensa que sólo debemos cumplir las leyes “justas”.

Los Estados democráticos de derecho implican que las leyes provienen de procesos democráticos y por ello son legítimas. Legalidad y legitimidad son sinónimos. Por eso las leyes deben cumplirse porque lo son, simple y llanamente, mas no en virtud de su eficacia o de su percepción de “justicia”.

Ciertamente si los procesos legislativos que han gestado el orden normativo actual han sido excluyentes o simulados, o si la aplicación de la norma es desigual o selectiva, existe la posibilidad de la ciudadanía de rebelarse contra las leyes para proteger los derechos humanos o subvertir el orden de las cosas. Pero se trata de situaciones límite que otorgan el derecho a los súbditos, pero jamás a quien ostenta el cargo de jefe de Estado.

Si en México hay leyes que propician violación de derechos humanos o que obstaculizan el desarrollo y bienestar de las personas, deben cambiarse. Pero mientras sean norma jurídica, deben observarse. No hay nada peor para la convivencia democrática que el relativismo jurídico en el cual cada quien juzga con sus valores y creencias la justicia y pertinencia de la norma.

López Obrador repite una y otra vez que “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Lograrlo requiere combatir esa cultura de la ilegalidad. La Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (2017), elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muestra que uno de cada cuatro mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo, sino que lo malo es que te sorprendan.

La misma encuesta muestra que uno de los problemas de la falta de legalidad en México es que el 46.6 por ciento de las personas considera que los miembros de una comunidad tienen derecho de tomar justicia por propia mano, principalmente porque las personas creen que las autoridades no garantizan el cumplimiento de las leyes.

Una vía para combatir la cultura de la ilegalidad es mediante el ejemplo de quienes gobiernan. Por ello fue muy dañino que un día después de dichas declaraciones enviara un memorándum dando instrucciones a varios miembros de su gabinete para que tomaran las medidas conducentes a dejar sin efecto la reforma educativa aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

López Obrador se defendió ipso facto al decir que se trataba de una declaración política: “No es sólo un asunto legal, es un asunto político, o sea, no es ni una iniciativa de ley ni un decreto ni un acuerdo, es un memorándum para propósitos internos”, afirmó.

Pero si se trataba de una declaración política sobre la reforma educativa no era necesario estampar la firma en un documento dirigido a servidores públicos sujetos de responsabilidad administrativa si hacen caso al dictado del Presidente; para eso hay discursos en mítines y conferencias mañaneras.

El respeto a la Constitución es uno de los pocos lugares de encuentro y consenso en México: puedes ser de uno u otro partido, pero respetar la Carta Magna ha sido siempre –aun sea de forma retórica– un elemento sagrado que nadie ha desafiado.

Si perdemos ese consenso básico y elemental y se permite que el Presidente violente las normas –aun sea de forma lúdica y retórica–, el siguiente paso puede ser el desafío frontal de la ley y aun el acoso de las autoridades responsables de hacer valer la legalidad en el país.

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