La madeja de los intereses

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Por Luis F. Aguilar

Los políticos son necesarios. Es obvio. Alguien debe hacerse cargo de los asuntos de la vida en común, que nos importan a todos en algún modo y grado. Debe existir una instancia que se encargue de mirar por el conjunto de la sociedad, por su seguridad, autonomía, justicia, cohesión, paz, futuro. La sociedad no puede estructurarse ni sobrevivir solo con actores que se dedican únicamente a atender sus asuntos particulares e ir tras sus utilidades personales. Alguien debe ver el bosque y no solo los árboles de la vida en sociedad.

Por consiguiente, el peor escenario social aparece cuando los señores encargados del interés general y de los asuntos comunes cruciales, los llamados a hacer política, no hacen política, en el sentido de que no aciertan a identificar y entender el asunto que es de beneficio general para el país y/o no se ponen de acuerdo sobre los elementos que son fundamentales para resolver un problema o convertir un proyecto en realidad.

En este momento en que se elaboran las leyes reglamentarias de las reformas nos encontramos con políticos legisladores, que no aciertan a ponerse en acuerdo en los elementos centrales de los cambios que deberán ser regulados en telecomunicaciones y energía. Pasan las semanas sin que lleguen a una conclusión, aun si reúnen todos los días, llaman a consulta a expertos, ofrecen pretextos para su lentitud, hacen exhortaciones y promesas, nos sermonean y se sermonean.

Los políticos son un problema público y no solo solución de los problemas públicos. Si el futuro del país depende de las reformas, como se nos dice a todas horas, lo lógico es encontrar ya una respuesta y ponernos en marcha. Si no sucede tal cosa, es lógico pensar que el interés general del que se hacen cargo los políticos legisladores es el que favorece sus intereses particulares. Otro botón de muestra del modo como se particulariza el interés general es La Ley de Partidos Políticos que ahora se discute y se impugna.

Ante el espectáculo de los políticos legisladores no tenemos más que dos posiciones. Tener un concepto más realista de los políticos o intensificar nuestras exigencias para que observen estándares mínimos de desempeño. La primera posición consiste en aceptar que la política que practican los políticos tiene poco que ver con el cuidado del interés general de la sociedad. Hay que dejar entonces de escandalizarnos y frustrarnos.

Los políticos, al igual que todo el mundo, son seres que buscan realizar sus intereses particulares, aunque han decidido entrar al negocio de la venta del interés general para alcanzar sus utilidades particulares. En la política hay el mismo interés privado que en los mercados. Aceptemos de una buena vez que las leyes, las políticas, los servicios que los políticos producen serán siempre un bosquejo defectuoso de solución de nuestros problemas, puesto que plasman el mayor arreglo posible o el arreglo forzado entre políticos con intereses particulares insacrificables.

La segunda posición, más republicana, es no resignarse al desempeño pobretón de nuestros políticos y encontrar el modo de exigirles estándares básicos de desempeño. En gran medida el derecho público los formula, pero el uso del derecho es lamentablemente un recurso de su negocio (con todo respeto por jueces impecables).

Exijamos por lo menos que los legisladores ofrezcan razones sobre el curso de su deliberación, que nos informen, expliquen y justifiquen las causas de su retraso, de su impugnación, de por qué abandonan con pretextos evidentes la discusión. Exijamos que nos digan cuáles ideas y propuestas de los expertos son apropiadas, por lo que merecen ser incorporadas a las leyes, o nos expliquen por qué las han descartado y la consulta se vuelve un recurso para salvar la cara, pues todo está ya cocinado.

En este país ha habido un boom de la transparencia, pero de la transparencia postdecisional, pues se tiene acceso a la información de las acciones decididas por los políticos, pero ignoramos el modo como los políticos y legisladores adoptan sus decisiones, por qué llegaron a tomar esas decisiones y descartaron otras. Hay que exigirles transparencia y rendición de cuentas sobre las razones de sus decisiones, establecer estándares, procedimientos y tiempos.

Los medios de comunicación y los observatorios sociales pueden ser una instancia confiable para exigir claridad, reclamar prontitud y corrección decisional, a menos que terminen también contaminados y se pongan a jugar sus intereses particulares en la tarea pública.

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