Fiscalización

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Por Jorge Alcocer V.

En la vida y en la política lo que no se puede, no se puede, y además es imposible.

Es el caso de la pretensión de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargue de manera directa de fiscalizar los ingresos y gastos, ordinarios y de campaña, de todos los partidos políticos y todos los candidatos. Para ilustrar sobre las consecuencias de tal pretensión baste con avizorar lo que eso implicaría el año próximo.

Además de fiscalizar los gastos ordinarios de los partidos nacionales de este año, en 2015 el INE tendría que revisar y dictaminar el ingreso y gasto de los candidatos a las 300 curules para diputado federal de mayoría y además de los candidatos locales que compitan en 17 entidades federativas; en 9 estados habrá elecciones para gobernador y en todas para diputados locales y ayuntamientos; en el DF para jefes delegacionales. El total de cargos locales a elegir, considerando a los ayuntamientos de forma unitaria, es de 1,641.

Supongamos que en 2015 hay 10 partidos políticos nacionales, los siete de hoy más tres nuevos (dejo de lado a los partidos locales y las coaliciones); de la elección federal el INE tendrá que revisar 3 mil informes de gastos de campaña para diputados. De las elecciones locales, 16,410 informes. Si la fiscalización se realiza para candidatos a síndicos y regidores municipales, caso por caso, el número de informes por revisar crecerá de manera desorbitada.

En la Constitución (artículo 41) se establece que el INE fiscaliza, durante los procesos electorales, federales y locales, los ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos, pero líneas abajo dice que fiscaliza todo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) contiene las normas para que el INE delegue a los institutos locales esa función. Pero la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) dicta que el INE se encargue de la fiscalización de partidos y candidatos en todo tiempo, y que solo puede delegar la de partidos locales y sus candidatos.

Hay una contradicción dentro de la Constitución y entre las dos leyes generales, que ha impedido que los consejeros del INE emitan un acuerdo al respecto, lo que afecta la adecuación de las leyes electorales locales. Admitir lo que establece la LGPP implicará que el INE cuente con auditores en número suficiente para hacerse cargo de fiscalizar las cuentas de campaña en todo el país, en un plazo de 20 días, y determinar cuáles partidos y candidatos rebasaron los topes de gasto, puesto que ahora eso es causa para anular la elección.

Además, el INE tendrá que mantener ese enorme aparato fiscalizador de manera permanente, para cumplir con la revisión de ingresos y gastos ordinarios de todos los partidos en años no electorales. Los recursos a destinar para esa tarea serán enormes y los pagaremos los contribuyentes.

Hay una salida; que el INE se apegue a la interpretación gramatical del artículo 41 de la Constitución, para que los institutos locales sigan realizando la fiscalización ordinaria en su ámbito de competencia, y que acuerde delegar la fiscalización en procesos electorales locales a esos institutos, con reglas comunes expedidas por el INE. Un esquema de coordinación no de subordinación.

Centralizar la fiscalización no se puede…y además es imposible. Conduciría a nacionalizar no solamente las elecciones, sino los conflictos, desde el municipio más recóndito hasta la Presidencia de México. Los consejeros del INE deben valorar tanto las normas como los costos que implicará lo que decidan. Ya está en curso la primera ampliación de recursos al INE, por alrededor de 230 millones de pesos.

En agosto sabremos cuál es el costo adicional, con cargo a los contribuyentes, de la reforma electoral, hay quienes lo estiman, en el modelo centralista, en más de 3 mil millones de pesos, solo para gasto propio del INE; si éste va a elegir a los consejeros de los institutos electorales locales, cabe darles, de entrada, un voto de confianza para que fiscalicen, en su ámbito, a partidos y candidatos.

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