Debut de la Fiscalía

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Por Leonardo Kourchenko

La nueva Fiscalía General de la República debuta judicialmente con el sonado caso de Emilio Lozoya y Alonso Ancira. La investigación no es nueva. Según el exprocurador Raúl Cervantes, dejó lista una carpeta completa de investigación que abarcaba el caso Odebrecht –muy probablemente la siguiente acusación en contra de Lozoya– y las actividades de compras y adquisiciones sospechosas de Pemex.

El presidente López Obrador cumplió con lo que había prometido: “No habrá una cacería de brujas ni persecución del pasado; pero las investigaciones en curso, seguirán”. Hasta ahí todo muy claro.

El tema durante el juicio y cuando Lozoya sea detenido, serán los testimonios que el exdirector de Pemex pueda declarar ante la Fiscalía. Primero, en el caso de la adquisición de Fertinal, la obligatoria corresponsabilidad de los integrantes del Consejo de Administración. Lozoya, poderoso y ben decido presidencial, no se mandaba solo. El expediente de aprobación de la operación de compra, inversión total y monto adicional para “echar a andar la planta” –para muchos inservible y en estado de chatarra– fue aprobado por el Consejo de Administración. Además de los independientes, por lo menos dos secretarios de Estado en funciones formaban parte de ese consejo: el de Energía y el de Hacienda.

Segundo: si en efecto se abre y se integra al juicio la línea de investigación del caso Odebrecht, donde se señala –según testimonios de la Fiscalía brasileña– que le fue entregado un soborno por un monto de 10 millones de dólares al señor Lozoya, entonces coordinador de política internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, las implicaciones políticas y el impacto del soborno crecen significativamente.

La Fiscalía General mexicana está obligada a no convertir este caso –como ha dicho muchas veces López Obrador– en un “chivo expiatorio” de los excesos, la corrupción y la red de complicidades en la administración anterior. Una investigación amplia, completa, integral, que abarque todos los aspectos, tendría que traer a la mesa del juez todos los elementos inculpatorios del caso y a todos los involucrados.

Lozoya, en más de una ocasión en el pasado, en la soberbia de su protección y ¿padrinazgo?, afirmó que tenía mucho dinero y tiempo para “partirle la madre a todas las acusaciones”. Y por ahí amenazó con “hablar”. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién protege o implica sus secretos? ¿De quién espera protección total para evitar –a cambio de su silencio– la cárcel y la sentencia inculpatoria?

Esto es serio, porque todos los elementos señalan que hay mucho más que un solo implicado. La compra de la fallida planta de fertilizantes, ¿se hizo con la aprobación presidencial? ¿Los señores secretarios de Hacienda y de Energía tenían instrucciones superiores para aprobarla? Ya el abogado defensor de Lozoya declaró, en un exceso típico de su personalidad, que hasta el expresidente Peña debiera comparecer. La Fiscalía respondió que no, porque no era director de Pemex ni siquiera integrante de su Consejo.

Pero el curso y la estrategia jurídica que siga el equipo del Dr. Gertz Manero serán el sello inicial en la persecución de justicia en esta administración. Un expediente sólido, incontrovertible, de pruebas y evidencias irrefutables, deberán ser la característica de este proceso. Si Lozoya no es un chivo expiatorio, si existen de verdad elementos de probada culpabilidad, la investigación debiera incluir la red de complicidades, las corresponsabilidades gubernamentales, los señores consejeros de Pemex y todos quienes tuvieron que ver con la adquisición de la planta y la autorización excesiva y descomunal de recursos para activar una procesadora de fertilizantes que no sirvió y donde se tiró el dinero público a la basura, o a la cuenta de alguien, o de algunos.

Gran avance de la ley mexicana la implicación de los particulares o el empresario involucrado. Antes se castigaba –si acaso– sólo al servidor público, mientras que el empresario involucrado en el soborno y el acto de corrupción, quedaba impune. Hoy la ley lo sanciona con tanto vigor y energía como al funcionario que cometió el delito. Que se proceda a fondo, con todos los elementos judiciales.

Este debut judicial de la nueva Fiscalía puede representar un parteaguas en la impartición de justicia en México. Dejar atrás el uso faccioso y político de la antigua Procuraduría para presionar y doblegar a opositores y críticos al régimen, y emplearla para esclarecer con base en la ley y el Estado de derecho casos de abuso y exceso en contra de la nación. Es ahora o nunca. Habrán de hacerlo bien, a fondo, con diligencia y dejando a un lado las filias y fobias políticas y partidistas.

Decían en campaña “haremos historia”… Bueno, pues ahora es cuando.

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