Aclaración obligada

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La desesperación nunca ha sido buena consejera. La situación de inseguridad del país nos ha llevado a muchos errores, precisamente por la urgencia de encontrar alternativas para enfrentarla. La violencia y la ilegalidad son de los problemas que más han ocupado y preocupado a los gobiernos y a la sociedad por más de 20 años. Mucho se ha hecho, pero los resultados son francamente decepcionantes. La criminalidad crece y se diversifica. Las autoridades se muestran impotentes para contener la evolución del delito y, pese a las inversiones multimillonarias de año con año, siempre están dos o más pasos atrás de la acción y la mente de los criminales.

Uno de los errores más graves del pasado fue el tolerar a los grupos armados llamados autodefensas. Desde el principio, la decisión era discutible en tres planos: Primero, cómo asegurar que quienes pretendían proteger a la población respecto a grupos criminales realmente realizarían tal función y no se sumarían a una actividad delictiva, como sucedía con las mismas policías municipales en las zonas de alta presencia de crimen organizado. 
Segundo, de acuerdo con la Constitución y las leyes, la responsabilidad de seguridad pública debe realizarse mediante las instituciones del Estado, es decir, no se puede delegar o permisionar para que terceros la realicen; es el monopolio de la violencia como expresión del Estado moderno, en términos weberianos. 
Tercero, las armas de fuego están rigurosamente reguladas. Un particular no pude tener armas de manera indiscriminada, y mucho menos aquellas de uso exclusivo para las fuerzas armadas. En breve: no hay espacio legal para que puedan operar las llamadas autodefensas. Haber concedido en tal asunto fue no solo a contrapelo, sino en detrimento del régimen legal. Una situación excepcional en Guerrero para grupos indígenas se pretendió emplearla como regular para muchas otras partes del país. Las consecuencias son de todos conocidas. 
En este contexto son oportunas las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se debe permitir el diálogo con dichos grupos ya que conlleva la aceptación de su existencia, como se hizo en el pasado. Las leyes no lo permiten, tampoco un poco de sentido común sobre lo que está ocurriendo. Para lograr la pacificación del país no hay coartadas: se requiere del respeto riguroso de la ley. No se pueden hacer concesiones al principio de legalidad, y una de las tareas urgentes es desarmar a los grupos, cualquiera que sea su naturaleza o propósito, y lograr que sean las policías institucionales o la Guardia Nacional las que realicen las tareas de seguridad en todo el territorio nacional. 
La aclaración presidencial ocurre después de que la secretaria de Gobernación expresara sobre la existencia de un diálogo con grupos delictivos en Guerrero, en el afán de lograr la pacificación del país. El subsecretario Ricardo Peralta explicó que la tarea se refería al encuentro con grupos de autodefensa, no con criminales. En esta polémica, trascendió la inconformidad del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por el encuentro del subsecretario con pobladores de La Huacana, lugar donde los militares fueron objeto de maltrato por personas vinculadas con grupos criminales. El mandatario señaló que en Michoacán no hay grupos de autodefensa, sino grupos armados con “alto contenido delincuencial”. Ya después el subsecretario Peralta ha precisado que el encuentro que se pretende es con luchadores sociales en el afán de desestigmatizar a sus comunidades; asimismo, aclaró que estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno del Estado. 
Las palabras del Presidente fueron inequívocas: fue un error la referencia o los hechos que remiten al supuesto diálogo, encuentro o apoyo a grupos de autodefensa, los que son, como lo señala el Presidente, ilegales y, por lo mismo, no debe haber diálogo institucional, mucho menos acciones de respaldo. Para un líder religioso como el obispo Salvador Rangel se puede entender, pero no para una autoridad. 
Las palabras del Presidente no solo explican, también son línea de conducta sobre lo que deberá hacerse en lo sucesivo. La Secretaría de Gobernación debe cuidar los términos de su relación con grupos civiles, especialmente en las zonas de alta incidencia criminal como Guerrero y Michoacán. No hay lugar a la ingenuidad como ir a La Huacana, donde se han dado incidentes muy desafortunados en detrimento de las fuerzas armadas. Los grupos civiles armados son ilegales y por lo mismo deben ser desarmados, si es que no quieren ser considerados como delictivos. 
En este contexto es importante que el plan de seguridad atienda las zonas en las que operan dichas fuerzas, incluso si en algún momento se les consideró, erróneamente, funcionales a un propósito de defender a la población. El Estado debe reemplazarlos con una efectiva y confiable presencia de la Guardia Nacional a manera de proteger a la población y propiciar que dichos grupos se disuelvan. Esto va a requerir de tiempo, pero debe ser consecuente con la clara determinación presidencial.
@liebano

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